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Notas de Buhardilla
¿Quién la quiere tumbar?
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
No albergo duda
alguna de que a la cabeza de los interesados en tumbar a la fiscal Viviane
Morales, está Álvaro Uribe Vélez, así no tenga razones justificadas para
liderar tan visceral campaña, por lo demás indigna en quien fue jefe de Estado.
Las
decisiones judiciales que le incomodan al exmandatario —las de ahora y las del
futuro— en cualquier caso las habría tenido que adoptar la Fiscalía cualquiera
fuese su titular, ante la avalancha de evidencias que comprometen a varios de
sus cercanos y aliados.
Como la
represalia del uribismo es de tinte político, me resisto a creer que el Consejo
de Estado pueda acoger la aventurada demanda que pretende invalidar la elección
de la fiscal. No sólo desde el punto de vista jurídico, sino también político,
las consecuencias de aniquilar la fiscal serían tan infundadas como nefastas.
Los uribistas
que están a la expectativa de que ruede la cabeza de la fiscal, han dejado
deslizar en los medios las supuestas ilegalidades de su nombramiento, como lo
hizo un editorial sectario de El Colombiano, invocando argumentos francamente
livianos.
En primer
término, le enrostran al presidente Santos el haber cambiado la terna sin que
hubiese mediado renuncia de quienes estaban postulados, para sustituirla por
los tres abogados finalmente candidatizados, entre los cuales estaba Viviane
Morales. Tal postura está pegada con babas. No faltaba más que el presidente de
la República no pudiera ejercer libremente la facultad constitucional de
integrar o desbaratar la terna, según las necesidades o su propio parecer, y
que para modificarla estuviese atado a que renunciaran los aspirantes.
La facultad
presidencial de designar una terna es tan amplia, que inclusive la ejerce el
mandatario sin el concurso ni la firma de ninguno de sus ministros. Así como se
incluye en esa terna un nombre, del mismo modo se puede retirar, porque el
aspirante es apenas eso, un candidato, no alguien que ejerza funciones
públicas, porque éstas sólo se adquieren cuando alguien es nombrado, no
mientras aspira al cargo. No faltaba más que un aspirante al cargo de fiscal
consiguiese arrodillar el Estado de derecho, para ponerlo al servicio de sus
aspiraciones personales.
El otro pilar
de la acusación contra el nombramiento de la fiscal, consiste en que la Corte
Suprema de Justicia no reformó legalmente su propio reglamento, el cual preveía
que el nombramiento de fiscal debía ser aprobado por 16 votos, porque terminó
nombrándola con los mismos 14 votos que antes había obtenido otro candidato que
sin embargo no fue escogido. Aunque bastaría decir que este argumento no puede
prosperar porque la demanda no controvirtió el cambio del reglamento de la
Corte, sino solamente el nombramiento de la fiscal, hay más razones para
sepultar las pretensiones políticas de provocar un terremoto en la Fiscalía y
el país.
Lo que
ocurrió cuando la Corte cambió la terna para Fiscal ante la imposibilidad de
que alguno de los tres candidatos obtuviese 16 votos, fue un acto de sensatez y
responsabilidad. En efecto, si de los 23 magistrados de la Corte no hubo 16 que
se pusieran de acuerdo en un nombre, muchos menos iban a lograrlo cuando la
Corporación quedó reducida a 18 miembros, bien porque habían renunciado unos o
porque otros estaban de viaje. De haberse mantenido la regla de que se
requerían 16 votos para nombrar a Morales, habría sido necesaria la casi
unanimidad de los que por azar quedaron integrando la Corporación. Es decir, un
imposible.
Lo que el
país no habría entendido jamás, es que después de que la Corte tardó un año sin
poder elegir fiscal de las ternas que propuso Uribe, siguiera dándole más
vueltas al asunto con el trío que conformó Santos. Ello habría sido lo más
parecido a un prevaricato. Menos entendería que hoy la Fiscalía quedara acéfala
por cuenta de una demanda facturada con partitura politizada.
Adenda. La
fórmula para multiplicar la corrupción, es reelegir alcaldes y gobernadores.
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