Se inicia la verdadera revolución Colombiana?.



                                                                                    Foto Cortesía Canal Capital
Cientos de bogotanos continúan llegando a la Plaza Bolívar de la capital colombiana
 para esperar las palabras de Gustavo Petro, quien afirma que aún sigue siendo el alcalde.

Con motivo de la arbitraria destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, GUSTAVO PETRO URREGO, se inicia  una etapa definitiva en la lucha de clases que se libra en este país dominado por fuertes intereses extranjeros y locales asociados con las mafias capitalistas. Decisiones que no son nuevas si se hace un análisis de sus fallos y solicitudes de absolución de delincuentes vinculados a los falsos positivos y el más reciente a favor de Andrés Felipe Arias, muy conocido por el escándalo del siglo en el programa Agro Ingreso Seguro.


El alcalde Petro podrá apelar a esta decisión de la procuraduría, pero la misma instancia en cabeza del Procurador será la encargada de determinar la sentencia definitiva. Ante las manifestaciones, las autoridades decidieron apostar en los alrededores de la Plaza Bolívar de Bogotá, grupos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Se prevén manifestaciones de apoyo y respaldo a la gestión de GUATAVO PETRO, frente a la alcaldía de Bogotá. No solo en Bogotá sino en las diferentes capitales del país, como son Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Bucaramanga entre otras.

Colombia no resiste este ataque contra la vida democrática del País que se jacta de tener una dela democracias más profundas. Colombia no resiste este ataque porque es un golpe de Estado a la votación más grande del país.
Quien es Alejandro Ordoñez?
No es la primera vez que el procurador Alejandro Ordóñez provoca gran polémica por sus fallos para nada en derecho. Había pasado con la destitución de Piedad Córdoba y con la del alcalde Samuel Moreno. En ambos casos, se cuestionó ¿por qué un funcionario elegido por el Congreso puede destituir a quién fue elegido por el voto popular?
El Procurador se ha convertido en un ser todopoderoso. Así como Álvaro Uribe se posicionó como el mariscal de campo de la guerra, con su Política de Seguridad Nacional, Ordóñez se vende como un luchador contra la corrupción.
Bajo esta doctrina, en su primer mandato sancionó a 828 alcaldes, 622 concejales y 49 gobernadores. Esto quiere decir que en promedio cada semana destituyó a cuatro alcaldes.
Ante la pregunta de ¿por qué un funcionario elegido por el Congreso puede destituir a quién fue elegido por el voto popular?, pues la Constitución de Colombia le da al Procurador esa función: (…) Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley (…)”.
La Constitución de Colombia es contraria en este punto con los tratados internacionales firmados por la nación, pues en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esos acuerdos no le permitirían a un funcionario destituir a un gobernante elegido popularmente.
Los fallos del Procurador en la práctica no tienen apelación. Si un funcionario sancionado no está de acuerdo con su decisión tiene que apelar otra vez ante él. O invocar otro recurso ante el Consejo de Estado, el cual es un camino tortuoso para que haya un restablecimiento de derechos en favor del sujeto disciplinado y del pueblo afectado en su soberanía.

Gracias a ese tipo de fallos el Procurador General de Colombia tiene en sus manos un poder extraordinario.

Nos corresponde a los Colombianos continuar con la lucha por introducir las modificaciones que se requieren para consolidar el proyecto colectivo de nación, que verdaderamente nos interesa a las mayorías invisibilizadas. En concreto para resolver cuestionamientos a la organización respeto a la reducción del poder del procurador, lo que corresponde es una reforma a la justicia y se cree un alto tribunal con magistrados de carrera para definir en segunda o última instancia los recursos de ley  que le asisten, que hoy son solo facultad del jefe del ministerio público.

Las marchas deben continuar en defensa de la decencia y las aspiraciones de un pueblo que aspira a ser conducido por el camino de sus esperanzas. Parodiando al Apóstol, "Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan". Se llegó la hora de la Batalla fina.








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